(Por Jesús Bedolla Nava) La administración pública municipal 2015-2018 terminó por enseñar el cobre al cierre de su gestión, al grado tal de que, lejos de cumplir el compromiso de abatir la deuda pública, aumentó de manera criminal la carga sobre la nómina al basificar a 137 empleados, de los cuales un importante porcentaje son o fueron hasta hace unas semanas funcionarios municipales, por tanto personal de confianza, y lo peor, un número relevante gozaron los beneficios de ser el marido, el hijo, el hermano, el compadre o el amigazo de alguno de los personajes en el poder.
El presidente municipal con licencia, César Chávez Garibay, aseguró que al cierre de su gestión entregaría cuentas claras y la deuda contraída por su gobierno, en ceros, sin embargo tuvo que acudir al llamado de su partido, el PRI, para contender por la diputación local del 23 distrito electoral, pero, además de sufrir una escandalosa derrota, quien lo sucedió en el cargo, es decir, Giselle Liera Servín, no tuvo la capacidad suficiente para sustraerse al encanto de empotrar en la nómina a parte de los suyos, por consecuencia tuvo que acceder a que otros funcionarios municipales, así como regidores e incluso dirigentes sindicales, hicieran lo propio para consolidar la herencia maldita al gobierno que habrá de encabezar José Luis Cruz Lucatero a partir del primer día de septiembre próximo.
El despido injustificado de decenas de trabajadores que no accedieron a hacer proselitismo en favor de los candidatos priístas en la pasada elección, fue el primer síntoma de amargura de las autoridades municipales todavía en funciones, y para ello adujeron que se necesitaba adelgazar la nómina porque se proponían a pagar a los proveedores, esos que ahora permanecen horas en tesorería municipal sin que se les corra la atención de ser recibidos y merezcan una repuesta realista y coherente a sus demandas, lo cual ya de por sí es otra falta de respeto.
En incongruencia con el despido injustificado de empleados de menor nivel por no haber hecho trabajo político en favor de los candidatos del PRI, bajo la el argumento de que se pretendía adelgazar la nómina, las autoridades encabezadas por Giselle Liera Servín basificaron a 137 empleados, de los cuales 130 pertenecían al grupo en el poder, y siete a la dirigencia sindical mayoritaria, y el grueso alcanzaron la prerrogativa de Auxiliares A, B y C, cuyos sueldos oscilan entre los 16 mil y los 22 mil pesos mensuales, situación que incrementa el gasto corriente, aunque el regidor Mario Villa Briones propale que el sueldo de dichos empleados ya estaba presupuestado, sin tomar en cuenta que muchos fueron elevados en categoría, por tanto ganarán más y eso significa incrementar el gasto corriente.
Y mientras el regidor perredista Salvador Medina Cruz se queja de que a él “sólo una base le dieron”, en tanto que otros “hasta tres alcanzaron” para asegurar chamba para el marido, el hijo o cualquier otro allegado, su homólogo Rogelio Barragán Cabrera justifica el beneficio de obtener bases para los suyos bajo el argumento de que “para eso trabajamos mucho y tenemos derechos a unas bases”… y vaya que lo dice como si no hubiera cobrado como regidor, lo cual es el colmo del cinismo y la desfachatez.
En tanto autoridades, funcionarios y regidores por un lado “adelgazaron la nómina”, por el otro la “engordaron” al beneficiar a los parientes, pero el resultado no alcanzó a los proveedores no han podido ver cumplida la promesa de que antes de que concluyera el mes de julio estarían cubiertos los compromisos contraídos con ellos.
Los actuales gobernantes, emanados del PRI, pudieron haber tenido una salida digna en el municipio de Apatzingán, tras la derrota del primer día de julio, si hubieran sido congruentes entre el decir y el hacer, y de paso hubieran sembrado el ejemplo a seguir por la administración subsecuente. Pero para ello era necesario haber actuado con absoluta madurez y aceptar que los resultados no eran producto de la actuación que César Chávez había tenido hasta el momento de pedir licencia, sino del efecto dominó generado por Andrés Manuel López Obrador, a quien le alcanzó y hasta le sobró argumento especial para arrastrar al triunfo a la mayoría de los candidatos de Morena a otros cargos de elección popular.
Sin embargo, el gobierno municipal saliente optó por asumir una actitud bastante convenenciera por dos razones: una es cobrar una revancha de carácter político en contra del presidente electo, y la otra dejar en nómina a sus allegados.
En concreto, la actual administración entregará un desastre al gobierno que asumirá funciones el primer día de septiembre próximo, y que estará bajo la conducción de José Luis Cruz Lucatero, quien fuera candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que duplicara en votos a la candidata del partido en el poder, el Revolucionario Institucional, María Guadalupe Hernández Arias, y bastante talento tendrá que imprimir el gobierno en ciernes para quitarse el duro golpe, y para eso tendrá que recurrir a expertos en derecho laboral, a fin de intentar echar abajo la mayoría de las bases otorgadas por las actuales autoridades, y otorgar el beneficio solamente para quienes realmente tengan los merecimientos.
Ya lo dijo el abogado en derecho laboral, Jesús Pardo García: “el tribunal puede declarar nulas las bases que no se sustenten en estricto apego a derecho, pero el Ayuntamiento entrante tendrá que contratar los servicios de un buen despacho de abogados…”
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Y sigue:
La tensión en la relación entre el Sindicato de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán, el Suesma, y la parte patronal, es decir las autoridades municipales, concluyó cuando los dirigentes sindicales lograron hace doce días la cobertura de siete de las quince plazas que tenía desocupadas bien sea por defunción, jubilación o pensión de igual número de miembros, así como el pago de la retención de ahorro y algunos otros rubros enmarcados en el Contrato Colectivo de Trabajo y todos contentos en lo que se refiere a las partes involucradas, así que las actividades se reanudaron de inmediato.
Sin embargo, la situación durante unos días con el paro de labores por parte del Suesma, puede deberse a tres factores: el regreso de emisarios del pasado que pretenden entronizar sus intereses y así controlar la organización sindical; intereses internos en sacar tajada política y económica de las autoridades por salir del mandato y, concedamos, los naturales desacuerdos entre trabajador y patrón que se suelen tener desde la interpretación del Contrato Colectivo de Trabajo.
En todo caso, hay actitudes que deben ser sometidas a una rigurosa revisión, incluido el propio contrato colectivo, así como el reglamento escalafonario, para que en lo sucesivo la problemática se plantee con claridad y haya soluciones que surjan desde los documentos, no de los criterios de quienes representan los intereses de los trabajadores, o de las autoridades como representantes del pueblo.
Al interior del sindicato han ocurrido situaciones que ponen en entredicho la honorabilidad de la dirigencia, situación que no es de ahora, pues se recuerda que el anterior liderazgo a cargo de Alejandro Pérez tuvo que salir no sólo de los controles, sino de la propio organización, tras descubrirse un faltante económico y comprobarse que utilizaba el cargo para beneficio estrictamente personal, al grado de que condicionaba a los trabajadores del área de aseo público a que llevaran el plástico reciclable a un molino de su propiedad, lo que provocó la inconformidad de los pepenadores del relleno sanitario, quienes de eso viven, de colectar productos reusables.
En la actual dirigencia a cargo de María Agustina Román Bello pesan cargos en su contra por presuntos abusos de autoridad como secretaria general del sindicato, y debería ser sujeta a sanciones que van desde la amonestación, hasta la expulsión de la organización, según recurso interpuesto ante Azucena de la Paz Arriaga Núñez, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia del Suesma.
Este medio informativo cuenta con dos documentos que avalan el comentario, y que fueron filtrados desde el interior del sindicato, y se trata de una denuncia interpuesta ante la Comisión de Vigilancia del propio Suesma, en contra de la actual dirigente, y una constancia emitida por la tesorería municipal, que confirma que la mencionada ha abusado del tráfico de influencias para hacerse de recursos que escamotea a uno de los sindicalizados.
El escrito filtrado, mismo que está fechado el 8 de junio pasado, señala a la letra lo siguiente:
“La C. María Agustina Román Bello ha puesto en peligro el buen nombre y disciplina de la agrupación sindical, Suesma, además de actuar con abuso de autoridad, con negligencia en sus funciones y actuando de mala fe al disponer de recurso económico de la cobranza (comisiones por cobranza) que en un inicio le fue designada a la C. Míriam Andrade Chávez, toda vez que en su proceso de cambio de nombramiento de Secretaria a Auxiliar Contable C, el tesorero municipal le asignó la cobranza del área de Vía Pública, la cual ejerció durante un tiempo; posteriormente, en el mes de abril, dicho beneficio le fue retirado, lo cual aprovechó María Agustina Román Bello, para solicitar al tesorero municipal, César Cuitláhuac Lozano Espinoza, para que dicha cobranza (comisiones por cobranza) le fuera entregada a su persona”.
Y sigue el escrito: “El C. César Cuitláhuac, en su calidad de tesorero municipal, se negó en un principio, a lo que la C. María Agustina Román Bello le insistió nuevamente, por lo que éste accedió, pero le advirtió: “Mari, eso te va a tronar” y ella le contestó: “eso yo lo arreglo”. Cabe señalar que tanto las comisiones de Vigilancia que usted (Azucena de la Paz Arriaga Núñez) dignamente preside, y la de Honor y Justicia, estaban enteradas y en varias ocasiones le recomendaron a María Agustina que rectificara respecto a esa anomalía, pero ella las ignoró”.
El recurso por escrito en contra de la dirigente sindical continúa así: “El pasado 30 de mayo, una vez que fui enterado, inicié la investigación para esclarecer estos hechos, por ello ese mismo día me entrevisté con el C. César Cuitláhuac Lozano Espinoza, confirmando de manera verbal dichos hechos, por lo que le solicité una copia de la lista correspondiente a la cobranza (comisiones por cobranza) del mes de abril y que fue pagada a los trabajadores en el transcurso de la primera quincena de mayo, a lo que el tesorero me pidió que hiciera la petición vía oficio, y fue hasta el 4 de junio cundo nuevamente me entrevisté con el propio tesorero municipal para hacerle entrega del oficio en el cual le solicito el listado de cobranza del mes de abril, y a través del teléfono el funcionario llamó all C. Fernando Chávez Sandoval, quien es miembro del Suesma, para que le llevara la lista en donde la C. Agustina Román Bello firmó el pago de la cobranza de abril en la Dirección de Vía Pública, lista que me fue mostrada, más no entregada, comprometiéndose el tesorero a darme contestación a mi solicitud también vía escrito, documento que aún sigue en trámite”.
Y continúa el escrito: El viernes 31 de mayo, se le pidió a la C. María Agustina Román Bello, citar al comité de nuestro sindicato a una reunión de trabajo para que explicara el problema, pero se negó y dijo con actitud molesta: “A mi no me van a quitar la cobranza, yo me la merezco ¿a poco no? Yo soy la que hace el mayor trabajo en el sindicato”. Con insistencia se le pidió que citara al comité a sesión y se negó, dice el escrito.
El recurso señala que posteriormente hubo una reunión entre integrantes de la dirigencia sindical, de la Comisión de Vigilancia y de la Comisión de Honor y Justicia, en la cual cada miembro expresó su postura respecto a ese problema, pero no plantea los pormenores de esas opiniones, sin embargo nada ha pasado.
También se exhibe un documento expedido por la tesorería municipal, en el cual obra constancia de que la lideresa sindical cobró comisiones por cobranza correspondientes a los períodos del 1 al 31 de marzo y del 1 al 30 de abril, por tres mil 115 pesos con 28 centavos, y tres mil 548 pesos 04 centavos, respectivamente. Dicho documento-constancia está firmado por el tesorero municipal, César Cuitláhuac Lozano Espinoza.
La anterior es sólo una de las situaciones que se han detectado al interior del Suesma, pues por otro lado se ha detectado que la dirigencia sindical pretende invariablemente canjear por dinero los dos permisos para bailes a que tiene derecho al año, cuando el Contrato Colectivo de Trabajo señala como suerte principal los permisos y sólo en caso de no ser posible esa entrega, la administración pública tendría que pagar 27 mil 300 pesos por ambos.
El momento es propicio para asear el comportamiento de algunos personajes que mucho tienen que ver con el trabajo que se realiza frente a una sociedad harta de que, quienes entran a palacio municipal y trascienden allende los tiempos en el interior, creen que el erario es un pastel sólo para ellos, sin voltear a ver al exterior, en donde está finalmente quien les hace posible la fuente de empleo y las paga: la sociedad misma.
Hasta la próxima.