* Lo que se consulta y lo que no se consulta
La consulta popular para presuntamente enjuiciar a los ex presidentes de México, concretamente a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en esencia no es precisamente para eso, aunque así lo promuevan los morenistas.
La pregunta real es clara, aún dentro del laberinto de conceptos que se manejan y que, incluso, pueden hacerla incomprensible. Dice así, en toda su extensión:
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
Como verá usted, la pregunta es tan larga y ambigua que no dice mucho, aunque se pretenda decirlo todo. Sin embargo carece de un elemento conceptual básico para cumplir con los fines que se anuncian: en ninguna de sus partes dice «enjuiciar», ni dice a quienes, así que todos los mexicanos vamos en la «polla» entre quienes tengamos hechos por «esclarecer» y de los cuales otros mexicanos hayan sido nuestras víctimas.
Está claro: la pregunta, simplificada, es ¿Quieres que se aplique o no, la Ley?
Pero resulta necio preguntar si queremos que se aplique o no lo que se tiene que aplicar sine qua non. Dicho en mexicanísima expresión: «a huevo».
Toneladas de billetes de la más alta denominación han costado a los mexicanos pagar sueldos a 500 diputados y a 120 senadores para que confeccionen Leyes para que los poderes ejecutivo y judicial las ejecuten sin más trámite que la acreditación de un delito en contra de quien sea, incluidos los ex presidentes de la República. Esas Leyes cuentan con la venía de todos los mexicanos, desde que eligieron a diputados y senadores para que, precisamente, elaboren las leyes y los reglamentos para una mejor convivencia entre todos los integrantes de la sociedad. Quién delinque, transgrede esa sana relación y se le debe aplicar la Ley que, por ende, ya fue elaborada y aprobada por los diputados.
Sin embargo nuestro presidente desestima el valor del voto en elecciones constitucionales y decide preguntar al pueblo si aplica o no aplica la Ley. Ello significa ofrecer una oportunidad de un indulto popular a quienes presumiblemente saquearon al país en su oportunidad como mandatarios.
No es mala la idea de realizar consultas populares para decidir rumbos acerca de problemas torales del país que, aunque ya tienen rectoría legislativa legal, pueden ser sujetos al escrutinio y voluntad de vox pópuli.
Optar por la consulta en todos los casos que demande el presidente de la República en turno, podría generar un ahorro descomunal a todos los mexicanos, pero ello implica desaparecer al poder legislativo y la costosa burocracia de cinco mil personas que lo rodea -a razón de diez empleados por diputado- y cuyo costo mensual supera los cien millones de pesos.
Sin embargo ni en sueños podría ocurrir eso porque la desaparición de las Cámaras de Diputados y de Senadores tendría que que ser primero elevada a rango Constitucional, bajo aprobación de ellos mismos: los diputados y los senadores, y recuerde que ser diputado ha sido el modus vivendi de por lo menos los 200 que llegan al congreso por la vía plurinominal. Los 300 restantes, los de elección directa, son la carne de cañón que enriquece la oportunidad de estancia con jugosos sueldos y otras prerrogativas, de los otros dos centenares y, ahora que hay reelección, los diputados de bajo perfil pueden repetir consumo de las mieles del poder, por tanto creo que no habría desaparición de los congresos legislativos.
Pero regresemos al asunto de la consulta..
Para que el resultado de de dicho ejercicio a realizarse el próximo domingo sea vinculante (es decir, que realmente se puedan comenzar acciones legales en contra de los ex presidentes o de cualquier otra persona), se necesita la participación del 40 por ciento de los electores mexicanos, aunque estén en el extranjero, según el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.
En las elecciones federales del 6 de junio, la lista nominal ascendía a 93 millones 676 mil 029 electores, incluidos los ciudadanos en el exterior, por tanto, de acuerdo con esa cifra que pudo modificarse una vez reabierta la emisión de credenciales de elector tras las elecciones de junio, es necesario que voten 37 millones 470 mil 411 personas para que la consulta tenga validez.
Comparecer a votar por el «sí» o por el «no» significa validar la muestra, de allí que haya campañas para promocionar la asistencia a las urnas, y campañas en contra de la asistencia a votar, pues los primeros sólo requieren se cumpla el 40 por ciento del padrón electoral, y obtener el voto a favor del «sí» del 50 por ciento más uno por lo menos, para proceder a aplicar la Ley. Los segundos desean que no se cumpla la meta del 40 por ciento del padrón o, en otro de los casos, que gane el «no».
Y mientras la aplicación de la Ley pasa a muestreos de opinión, nuestro gobierno federal pasa por alto las consultas para, por ejemplo, conocer la opinión de los mexicanos en cuanto a enviar toneladas de ayuda humanitaria a Cuba al mismo tiempo que no tiene capacidad de abrir paso rumbo a Aguililla para hacer llegar los víveres recolectados por la organización religiosa «El Buen Samaritano» para quienes carecen de ellos.
La semana pasada salieron desde Veracruz dos barcos con ayuda humanitaria rumbo a la isla vecina, mientras que en la región de Apatzingán estaban varados los camiones con ayuda (ni siquiera del gobierno, sino de la población) para los aguilillenses, debido a que nuestras fuerzas armadas no tenían la capacidad de escoltar las unidades hasta su destino, por temor a la delincuencia organizada.
Y si de consultas hablamos, habría hoy la necesidad de someter a consulta entre los mexicanos una prioridad: ¿Primero Cuba, o primero Aguililla?
En pláticas de café con algunos amigos míos defensores de AMLO con respecto a la consulta para presuntamente enjuiciar o no a los ex presidentes, éstos están conscientes de una cosa: «sabemos que, pese a el resultado sea a favor del «sí», no van a enjuiciar ni a meter en la cárcel a nadie», reconoce Salvador Adame, recalcitrante defensor de las políticas del presidente, pero, aún así, justifica la consulta: «lo que pasa es que AMLO realiza el ejercicio para sacudir al pueblo y hacerlo despertar mediante la participación».
Tácitamente se reconoce que la consulta no tiene razón de ser.
Sin embargo puede que mi amigo Chava Adame tenga razón, si tomamos en cuenta que AMLO tomó 500 millones de pesos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para comprar un millón de boletos de la rifa del avión y repartirlos entre hospitales del país.
A saber, hubo 13 hospitales ganadores de premios de hasta 20 millones de pesos. Bajo esos guarismos, AMLO invirtió 500 millones y los premios obtenidos ascienden a un máximo de 260 millones.
¿Queda en claro el «negociazo» que hizo?
¿No? Bueno, pues le perdió 240 millones de pesos, así que ¿qué más da que se gasten 525 millones de pesos en una consulta para saber si se aplica o no la Ley contra los ex presidentes, cuando la Ley está allí, lista para ser utilizada sin necesidad de conocer la opinión de nadie.