*Diputados de mente corta
La diputada Andrea Chávez se ha dedicado a publicar recetarios de ocurrencias estrictamente personales relacionados a la consulta que se llevará a cabo mañana domingo.
Eso no es raro si tomamos en cuenta que vivimos un periodo de gobierno en el cual la ocurrencia está por encima de las razón.
Dichos panfletos, la diputada ejerce su derecho a promover la asistencia a las urnas para inclinar la balanza en favor del «esclarecimiento» de hechos imputables a quienes agraviaron a los mexicanos en los más recientes cinco gobiernos de nivel federal.
Sin embargo son sus argumentos los que llaman la atención, ya que cuando uno los lee puede darse cuenta del nivel de criterio tan bajo que tienen algunos legisladores, o bien su proclividad al manejo de mentalidades expuestas por el desconocimiento que tienen de la praxis política legislativa, amén de otros elementos útiles para normar juicios propios.
La diputada esgrime un panfleto denominado «5 Mentiras Sobre la Consulta Popular», para enseguida explicar con convenencieros argumentos, o bien, con nulos conocimientos del ejercicio legislativo, sus justificaciones a la no aplicación de la Ley ya existente a los ex gobernantes.
E inicia así su publicación como menú de presuntas mentiras y sus explicaciones a quienes dicen que:
1.- «La Ley no se consulta», y explica: «De hecho en el Legislativo existen mecanismos para consultar a los diversos sectores de población SOBRE POSIBLES REFORMAS A LA LEY a través de parlamentos abiertos y audiencias ciudadanas».
Y luego justifica: «Además los que dicen que la Ley no se consulta, sino que se aplica, SALEN A DENUNCIAR PERSECUCIÓN POLÍTICA cada vez que de aplica CONTRA SUS DELINCUENTES PREFERIDOS, como Cabeza de Vaca y Rosario Robles».
Evidentemente la diputada Andrea Chávez tiene una visión muy corta, o harto convenenciera, desde la cual pretende defender una consulta que no tiene ninguna razón de ser.
Efectivamente, el Legislativo cuenta con mecanismos para consultar a los diversos sectores de población para confeccionar Reformas a la Ley a través de parlamentos abiertos y audiencias ciudadanas, sin embargo evita decir que una vez que la Ley es reformada y aprobada por el poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación, queda lista y a disposición de.los poderes Ejecutivo y Judicial para ser aplicada contra cualquier infractor, incluso en contra de ex presidentes o funcionarios vigentes, por tanto ya no se debe consultar al pueblo si se hace o no uso de dicha Ley.
En la segunda explicación en el sentido de que hay quienes esgrimen «persecución política» cuando las autoridades intentan aplicar la Ley, la diputada Andrea Chávez debería saber que todo infractor debe ser sancionado de acuerdo con esa misma Ley, le guste a quien le guste, y le disguste a quien le disguste.
En otras palabras, los argumentos de está legisladora me parecen tan lefios, que equivalen a decir: «tenemos que consultar si aplicamos la Ley o no, para saber si se van a enojar, o no».
2.- «La consulta popular no servirá de nada», precisa la diputada como una «mentira más», y explica que «la Ley establece que si la participación de la misma alcanza el 40% de la lista nominal nacional tendrá efectos vinculantes para los poderes Ejecutivo, Legislativo y las autoridades competentes que correspondan.
Cuando dice «la Ley establece»… deja en claro que la Ley se aplica, pues para hacer sus precisiones recurre precisamente a «la Ley» sin hacer una consulta previa alguna.
¡Aaahhh! pero dice la diputada que si no se alcanza el 40% de participación, la consulta sirve «como un ejercicio de democracia participativa sin precedentes que profundiza los pilares de nuestro sistema político».
Esa afirmación indica que más rápido que inmediatamente le encontró nueva conceptualización a la palabra «fracaso», ya que omite decir que sería un ejercicio de «democracia participativa» que tendría un costo de 525 millones de pesos y de no lograr en las urnas el 40% de los ciudadanos sería un rotundo fracaso.
3.- «La Consulta Popular es muy cara».
Y explica: «Los derechos no tienen precio, pero si les preocupa el costo, podemos decir que es 4,000 veces más barata que el FOBAPROA, uno de los abusos que se busca juzgar».
La diputada asume que quienes están en contra de la consulta, están contra del juicio a los ex presidentes, lo que es totalmente falso: ese importante sector de mexicanos están en contra de que la aplicación de la Ley pase por una consulta de opinión, ya que los poderes Ejecutivo y Judicial tienen la facultad de enjuiciar a los ex presidentes en base una Ley que existe y para eso existe: para ser aplicada.
4.- «Para qué consultar si el poder judicial es el que debe juzgar».
Y desde su escasa, cuan corta visión como diputada, justifica: «El poder judicial es el único de los tres poderes formales que existen en el país que no se elige por el voto popular».
Pobre mentalidad que no le alcanza para dilucidar que ella y otros 499 diputados federales para eso están allí, para reformar las leyes. Si tienen a bien realizar Reformas, es su obligación llevarlas a cabo para que no haya vacíos de ese tipo. Es decir, deben legislar para que el Poder Judicial sea electo democráticamente.
Respecto a la cuarta pregunta ofrece otra explicación, pero abordarla es redundar sobre lo mismo.
5.- «La consulta popular polariza a la sociedad»
Luego trata de convencernos con la siguiente explicación: «La consulta popular ayuda a reconciliar a una sociedad rota por los abusos del poder: permite hacer justicia y acercar la paz a quienes perdieron a un ser querido o sufrieron carencias por la corrupción.
Sólo resta decirle que para todo eso está la Ley, misma que una vez aplicada, ofrece a las víctimas la justicia que se anhela.
Y mientras la diputada Andrea Chávez esgrime panfletos con cualquier ocurrencia para justificar la consulta, no ha redactado uno más para explicar la razón por la cual la Cámara de Diputados evade la responsabilidad de abordar el desafuero su compañero legislador y presunto delincuente (ambos son de Morena) Saúl Benjamín Huerta Corona, acusado de pederastia.
Durante la semana que termina en dos ocasiones se evitó tocar ese punto anotado en la agenda del día.
Y aunque ex presidentes y diputado son presuntos delincuentes, hay una diferencia entre los unos y el otro: a los ex mandatarios se les puede aplicar la Ley previas denuncias y pruebas en su contra, mientras el diputado es intocable por esa misma Ley, mientras no sea desaforado.
Una vez que Saúl Benjamín Huerta Corona no cuente con el fuero constitucional, se le debe aplicar la Ley sin previa consulta ciudadana, e igual debe ocurrir con los ex gobernantes.
Hasta la próxima.